CONTRAINFORME #YOSOY132

CONTRAINFORME #YOSOY132

1° de septiembre 2012

S

eis años han pasado desde que Felipe Calderón tomó posesión, seis años de mentiras y promesas falsas, de simulación, corrupción, complicidad y de un Estado de excepción que nos han impuesto. Seis años en los que año con año hemos visto a un presidente cobarde hablando de valentía mientras nosotros, la sociedad ponemos los muertos, los desplazados, los secuestrados, los vejados por las autoridades. Seis años, como siempre, de riqueza obscena para unos pocos mientras que nosotros tenemos hambre, somos excluidos, somos desempleados, somos jóvenes sin oportunidades, seis años en que hemos sido despojados de nuestra tierra y nuestros recursos naturales. Seis años, otra vez, de privilegios para los sindicatos charros en la educación, de educación para formar mano de obra barata, mientras que nosotros no tenemos acceso a una educación crítica para una vida digna. Seis años, de nuevo, en que los políticos no dialogan con la sociedad pero nosotros, los que hemos levantado la voz y nos hemos organizado para resistir, hemos sido criminalizados, denostados y callados. Seis años en que han querido que veamos un México que sólo existe como versión oficial, seis años reproduciendo sus mentiras a través de los medios de comunicación a quienes sirven.

      Nosotros no aceptamos este México que quiere dejarnos la clase política, y rechazamos las mentiras que quieren imponernos como realidad. Por esto es que el movimiento #YoSoy132 ha llevado a cabo un intenso proceso de análisis que nos ha llevado a articularnos con académicos, organizaciones civiles y movimientos sociales que a lo largo y ancho del país reclaman la democratización de la vida pública y el fin del modelo social prevaleciente en México. Esté análisis parte de la lectura crítica de la situación actual que vive el país después del gobierno de Felipe Calderón, y es también lo que nutre nuestro plan de lucha. Es un análisis compartido con la sociedad a la que convocamos para abrir un diálogo franco y a sumarnos en una lucha fraterna.

      Este es el informe que el movimiento #yosoy132 da a la nación sobre la situación actual en 6 ejes emblemáticos y que hacemos público para someterlo a la discusión, al diálogo y al debate con la sociedad civil organizada o no que desea un México más justo, libre y democrático.

       1. Democratización de los medios de comunicación, información y Difusión.

El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en lo que tiene que ver con medios de información es un sexenio muerto. En legislación no hubo avance, en telecomunicaciones se propició la concentración en manos de las mismas voraces empresas que han secuestrado el espectro radioeléctrico propiedad de los mexicanos. Se persiguió y violentó a ciudadanos que buscan crear sus propios medios a través de radios comunitarias; y se caracterizó por las persecuciones, agresiones y asesinatos de periodistas.

      Felipe Calderón no sólo asumió una actitud irresponsable y omisa frente a la creación de un nuevo régimen de medios, sino que ha demostrado su interés por hacer valer el orden jurídico vigente para desplegar acciones autoritarias y favorecer al duopolio televisivo. Felipe Calderón Hinojosa lucró políticamente con la ausencia constitucional y legal de una política de Estado relativa a medios de comunicación.

      Una situación similar podemos observar en el ámbito de las telecomunicaciones. Tres casos son muestra de la política de discrecionalidad del actual gobierno: la licitación 21 donde favorece a Televisa y Nextel; la fusión Televisa-Iusacell nuevamente en beneficio de Grupo Televisa y Grupo Salinas; y el “rescate” de la banda de 2.5 Ghz debido a la presión ejercida por Grupo Televisa. El gobierno de Felipe Calderón ha hecho uso de un bien de la nación para beneficiar a los consorcios mediáticos lesionando con ello a las instituciones públicas de este país, debido a que permitió a Televisa ingresar al mercado de la telefonía. Televisa y TV Azteca como socios concentran el 88 por ciento de las concesiones de televisión abierta, teniendo 94.4 por ciento de la audiencia televisiva, lo cual les favorece con un 58 por ciento del total de la inversión publicitaria, recibiendo 30 por ciento del gasto de comunicación social federal según los mismos datos de la COFETEL.

      Por otro lado, el gobierno de este sexenio se comprometió en varias ocasiones a abolir la brecha digital así como fomentar la competencia de aquellos que ofrecen el servicio de interconexión. Sin embargo, el escaso acceso a Internet, debido a los altos precios de conexión y la escasa infraestructura de telecomunicaciones, impide el despliegue de las redes. Al mismo tiempo, la alfabetización digital es todavía deficiente. A lo anterior podemos agregar el intento de criminalización de los pocos usuarios de internet, un tema recurrente en este sexenio. Ejemplo de ello es el intento de la aprobación deliberada y tramposa del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA), el cual constituye un grave retroceso en el ejercicio de los derechos a la información y a la libre expresión. A estas alturas del sexenio de los 112 millones que habitamos el territorio nacional apenas 9 millones tenemos computadora en casa, de los cuales sólo 6.9 millones tienen acceso a Internet, lo que nos deja con un promedio de penetración estimada del 30.7% colocándonos a 2.7 puntos porcentuales debajo de la media mundial y de -8.8 puntos del 39.5% que es de la media Latinoamericana.

      Mientras a los grandes consorcios mediáticos el gobierno federal concedió licitaciones a precio de ganga, a los esfuerzos ciudadanos por crear sus propios medios los persigue y agrede. La labor que desempeñan las radios comunitarias atendiendo a las voces menos favorecidas de la sociedad, llevando información acorde con sus necesidades, las convierte en una herramienta por excelencia para que las comunidades puedan ejercer ampliamente su derecho a la información y libre expresión. Estas son algunas de las Radios Comunitarias que han sido violentadas durante este sexenio: Radio Diversidad Veracruz; Radio Tierra y Libertad Nuevo León; Radio Uekakua Michoacán; Radio Eiampiti; Radio Ñomndaa Guerrero. Las cuales han sido agredidas y perseguidas por el gobierno federal.

      La crisis de seguridad pública del sexenio se vio reflejada en el ejercicio de la libertad de expresión registrándose un incremento preocupante de la violencia y la censura sobre periodistas y comunicadores. Desde el año 2000 se han registrado 72 periodistas o comunicadores asesinados, 13 desaparecidos y 40 ataques a instalaciones de medios de comunicación. Tan sólo en el año 2011 se registraron 172 agresiones en contra de periodistas y comunicadores, que van de amenazas, a asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, privación ilegal de la libertad, ataque cibernético, y acciones legales.

      Destacamos que durante el sexenio de Felipe Calderón, el patrón de la violencia contra la prensa cambió sus características, a lo largo de estos seis años al problema de la censura, se agregó el escenario de los periodistas rehenes y ataques a directos a las instalaciones de los medios de comunicación. En torno a la censura destacó que “el ataque sobre el gremio de periodistas a nivel nacional por parte de funcionarios públicos rebasó el 53 por ciento de los casos, mientras que los atribuibles al crimen organizado se encuentran sobre el 13 por ciento”, los casos de Lydia Cacho y el de Carmen Aristegui, resultan en este sentido paradigmáticos. Es así como queda desmentido el discurso oficial de que el responsable de la violentar la libertad de expresión en el país es el crimen organizado.

      Un Estado como el mexicano que no puede garantizar la integridad física y moral de periodistas y comunicadores, así como el acceso y gestión de medios de comunicación por parte de la ciudadanía, no puede garantizar tampoco nuestro derecho a la información.

      Adicionalmente las estrategias políticas y metas actuales del gobierno mexicano no estimulan la diversidad en el contenido de los medios. El gobierno federal ha creado lazos de complicidad con la industria cultural, lo que ha implicado el fortalecimiento, desarrollo e injerencia de la iniciativa privada nacional y transnacional en materia de compra, venta y renta de patrimonio cultural, obra de arte, programas de cine, radio y televisión, lo que implica que los repertorios simbólicos sean construidos por los sistemas jerárquicos del poder cultural, quienes determinan los contenidos de transmisión y distribución en los diversos medios: radio, televisión, museos, teatros, editoriales, entre otros.

      En virtud de lo anterior, denunciamos que en materia de políticas de comunicaciones en México hoy priva la corrupción, la simulación, la ilegalidad, la debilidad institucional y regulatoria, la concentración obscena de la riqueza en una élite empresarial; y donde las políticas públicas de comunicación son contrarias a los intereses de los ciudadanos mexicanos. Por la democratización de los medios de comunicación en México ¡#YoSoy132!

      2. Cambio al modelo educativo, científico y tecnológico.

      La política en torno a educación, ciencia, tecnología y arte presentada en el sexenio de Felipe Calderón antepone los intereses del sector empresarial nacional y global sobre las necesidades sociales. En el caso de educación, los modelos y planes educativos se adecuan a un mercado laboral inequitativo.

      Esto lo confirma ahora la reciente Reforma Integral a la Educación Media Superior (RIEMS), en la que se constata que el modelo pedagógico por competencias y habilidades, implementado desde el nivel básico, elimina paulatinamente disciplinas pertenecientes a las Humanidades y a las Ciencias (como es el caso de la filosofía y de la historia), y deja en su lugar asignaturas mixtas que abordan el conocimiento de forma sesgada y confusa; lo que cumple con el único objetivo de simplificar el conocimiento para formar obreros certificados, y no sujetos que aspiren a ser técnicos calificados o estudiantes universitarios; y que, en no más de una década, eliminará generaciones de científicos y humanistas mexicanos y hará depender al país en su totalidad de la tecnología y la ciencia producida en otros lados.

      Tanto la RIEB como la RIEMS recorren el camino de la masificación de habilidades básicas y deja el conocimiento especializado a los países desarrollados, convirtiéndolo en una propiedad para las élites; hecho que condenaría al país al rezago y el nulo crecimiento en todos los ámbitos.

      En este contexto, la desaparición de los modelos educativos como los del Colegio de Bachilleres y la Preparatoria Abierta como los conocemos, gracias a la homologación de la currícula y la eliminación de materias, es un claro ejemplo de esta reforma. Aunado a esto, la SEP pretende maquillar las cifras de deserción al proponer un certificado parcial; su próximo argumento será: no tenemos desertores sino numerosos certificados parciales.

      El ingresó a una educación media y superior de alto nivel académico, UNAM, UAM e IPN, es cada vez más difícil para los jóvenes, debido a que el crecimiento de las instituciones públicas no corresponde con la demanda educativa en nuestro país. Las autoridades educativas sostienen que los mejores estudiantes ingresan a la universidad, sin embargo, este argumento se cae cuando contrastamos las cifras del último examen de ingreso a la UNAM, por ejemplo: a nivel licenciatura fueron rechazados aspirantes a la carrera de medicina, cuando obtuvieron cien aciertos de un examen de ciento veintiocho; es decir, la excelencia en el examen de admisión no es suficiente para ingresar a una educación universitaria. Consecuencia de ello son los numerosos movimientos de rechazados a nivel nacional. Sin embargo, las autoridades educativas atribuyen el fracaso académico a los jóvenes estudiantes, cuando son ellos los responsables de fortalecer y generar nuevas opciones educativas de calidad. Además, contrasta el abandono económico a la educación pública con el fuerte apoyo a universidades privadas.

      Ciencia y Tecnología.

      El desarrollo científico y tecnológico es esencial para el crecimiento social y económico de un país; le otorga a la sociedad herramientas esenciales para resolver problemáticas y necesidades diversas. A pesar de ello, en México, la situación del ámbito científico es relegada por el Estado.

      Con relación al financiamiento, la ley de Ciencia y Tecnología (emitida durante el mandato de Fox y ratificada por el gobierno de Felipe Calderón) estipula que el presupuesto para CyT no debe ser menor al 1% del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, la inversión en este sector es menor al 0.5%.

      Aunado al precario presupuesto existente, es mal administrado y poco transparentado. La gestión de políticas públicas eficientes y prácticas es esencial para sacar a México del rezago en CyT en el que se encuentran, no obstante, los actores involucrados en la revisión y aplicación de las leyes no cuentan con el nivel educativo necesario en ciencia y tecnología.

      Otro problema crucial es el estímulo y empleo de los recursos humanos. Son muy pocos los profesionales en CyT que encuentran cabida en el sector productivo mexicano, lo que fomenta la “fuga de cerebros” y una ausencia de renovación generacional. La ciencia y la tecnología limitan su labor y crecimiento debido a los siguientes factores: bajo número de plazas disponibles en instituciones de investigación, pocas opciones de inclusión en los campos laborales afines, escaso y lento desarrollo regional, centralización de recursos; y una inadecuada legislación. Como consecuencia, la producción de profesionales de la CyT en México es baja en comparación a otros países de Latinoamérica. Además, en términos de proyección, México aporta solamente el 0.65% del conocimiento científico mundial.

      El desarrollo en México debe generar las condiciones de autonomía científica y tecnológica. Sin embargo, debido a que la inversión en desarrollo e innovación es baja, México importa más del 95% de la tecnología utilizada por los sectores productivos. Bajo este contexto, la solicitud de patentes por ciudadanos, empresas o instituciones mexicanas es pobre. Es urgente definir e impulsar las áreas prioritarias del conocimiento y la innovación tecnológica con el fin de generar y fortalecer los recursos humanos que puedan atender las diversas necesidades de la sociedad.

      Respecto al uso de los Organismos Genéticamente Modificados o transgénicos, estos pueden tener un impacto positivo para la población, pero en ciertos casos su uso es nocivo, por ejemplo, el maíz no regulado es un peligro para la seguridad alimentaria y biológica del país.

      Arte y patrimonio

      El ámbito artístico es uno de los más abandonados en la gestión calderonista, tanto en recurso como en la protección del patrimonio nacional. Debido a la visión empresarial del gobierno, el arte es considerado una mercancía más; es decir, si no produce bienes entonces no es digna de cuidado ni protección. Bajo este contexto, se reduce el papel del patrimonio nacional al turismo, que muchas veces no respeta las condiciones de protección a la arquitectura o a la obra artística. Aunado a esto, identificamos los siguientes problemas: recorte en el presupuesto destinado a este sector; escasos empleos para los artistas y gestores; y abandono de espacios arqueológicos. El poco compromiso con el arte y el patrimonio se pude documentar en el incumplimiento de las siguientes leyes: “Ley General de Bienes Nacionales”, “Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas” y “Artísticas e Históricas”.

      3. Cambio al modelo económico neo liberal.

      La crisis de la deuda externa presente en México y en América Latina a inicios de la década de los años ochenta, dio pauta a que la banca acreedora internacional, conjuntamente con los organismos financieros multilaterales, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, impulsaran un plan encaminado a continuar con el pago del servicio de la deuda externa, para lo cual se redujo el consumo, la inversión y el gasto gubernamental. Junto a las políticas de ajuste restrictivas, se procedió al “cambio y ajuste estructural”, que consistió en la apertura de la economía mexicana a los flujos financieros y mercantiles internacionales y en su inserción forzada a la globalización capitaneada por los Estados Unidos.

      La agenda de restructuración neoliberal de la economía ha avanzado sin interrupciones desde entonces, no obstante, el capital financiero internacional ha empujado las llamadas “reformas estructurales de tercera generación.” Entre ellas destacan: 1) la privatización de los servicios de seguridad social como el caso de las pensiones para el retiro; 2) la apertura al capital privado de sectores estratégicos ligados a la producción y distribución de energía; 3) la construcción de grandes obras públicas por medio de las llamadas “asociaciones público privadas”; 4) una reforma fiscal que disminuya, aún más, el impuesto sobre la renta (ISR), y, en su lugar, aumente los impuestos al consumo, como el caso del IVA generalizado a medicinas y alimentos; y 5) la total desregulación del mercado.

      La política económica seguida por el Estado está concentrada en la estabilidad macroeconómica beneficiando a los capitales financieros internacionales y en detrimento del nivel de vida del grueso de la población. La llamada estabilidad macroeconómica, que beneficia a unos cuantos, se obtiene sacrificando a la pequeña y mediana empresa, a los trabajadores y a los campesinos. Así, contamos con una política monetaria que tiene como fin último el control de la inflación, sacrificando el crecimiento económico y la utilización del tipo de cambio como posible palanca para impulsar a la industria mexicana; asimismo, la política fiscal, que mantiene el equilibrio presupuestario, se subordina al objetivo de la política monetaria. La apertura económica sin estrategia y la ausencia de política industrial han impedido la generación suficiente de empleos. Asimismo, el alza de los precios de los alimentos afectó el poder adquisitivo de las familias: todo esto se traduce en un saldo de 12 millones de personas más arrojadas a la pobreza durante el sexenio calderonista.

Hablar de desempleo es también abarcar la precarización del trabajo, los datos muestran que el número de mexicanos ocupados en la economía informal asciende a casi 14 millones; de ellos, 4.2 millones pertenecen a la población ocupada que no recibe ingresos; 6.4 millones perciben cuando mucho un salario mínimo, y otros 10.8 millones ganan entre uno y dos salarios mínimos. Según cifras del INEGI ha aumentado el desempleo, la ocupación parcial y la desocupación con estos porcentajes: en 2006 la tasa de desocupación era del 3.6% mientras que en 2011 ascendió al 5.4%; en 2006 la de subocupación era del 6.9% mientras que en 2011 ya ascendía al 8.2. % Tal como lo muestran estos datos entre las circunstancias que privan en el mercado de trabajo, como son: el desempleo, trabajos en condiciones laborales precarias (sin ingresos o con muy bajos ingresos), la informalidad y la subocupación, da como resultado que más de 12 millones de jóvenes enfrentemos dificultades de inclusión en una trayectoria de trabajo decente.

      Este modelo económico necesita del despojo de las garantías de los trabajadores, para ello se implementan diversas medidas que evitan que estos se organicen y defiendan sus derechos, durante el sexenio de Felipe Calderón se han dado problemáticas como la desaparición de Luz y Fuerza, algunos “charrazos” en el magisterio, como en Chiapas, Baja California y Sección IX D.F.. No se ha dado solución a la situación con Elba Esther Gordillo y el SNTE, símbolo del charrismo sindical, el conflicto con la CNTE, la situación con los mineros desde 2006 en Cananea, Sicarsa, Taxco y Sombrerete, los trabajadores de tierra en aviación, los de la vidriera en San Luis Potosí y los petroleros independientes, entre otros.

      Este modelo económico no sólo reduce las condiciones de vida de la mayoría de la población en beneficio de unos cuantos sino que también se basa en la sobreexplotación de los bienes naturales del país. El modelo económico depredador, tanto en su ámbito productivista en el sector rural, en el desarrollo de infraestructura turística por y para extranjeros, así como en su dimensión extractivista, implica un fuerte deterioro ambiental, caracterizado por pérdida de hábitats y biodiversidad, aceleración de los procesos de desertificación, pérdida y degradación de suelos, incapacidad de captación de agua, menoscabo de reservas de agua fósil, intrusión de agua contaminada en las costas, deterioro o desaparición de lagunas costeras; en resumen, la salud y funcionalidad de los ecosistemas, y con ello la degradación de los recursos ambientales, básicos para la supervivencia humana y de la vida misma. Estos procesos han generado a la vez un enorme proceso de resistencia de pueblos y comunidades campesinas y de pueblos originarios que son despojados de sus tierras para fomentar el crecimiento económico basado en megaproyectos de infraestructura, mineros, carreteros, energéticos, entre muchos otros destacando los procesos de resistencia en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales en La Parota Guerrero, Huexca, Morelos, El zapotillo, Jalisco, Cherán, Michoacán, Ostula, Michoacán, Ocotlán, Oaxaca, Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, en Magdalena Contreras en Ciudad de México entre cientos de resistencias más.

      En conclusión, el sexenio de Calderón sólo ha profundizado un modelo económico basado en la pobreza y marginación de la mayoría de la población, en la explotación de los recursos naturales a costa de las comunidades y donde el objetivo principal es la ganancia de los grandes capitales nacionales e internacionales. El movimiento #Yo soy 132 está consciente que el mercado no es la panacea para la solución de los males sociales y que el gobierno y la sociedad deben de jugar un rol fundamental para resolver los problemas económicos que aquejan al país. El neoliberalismo nos empobrece, excluye, margina y violenta, es por eso que el movimiento #YoSoy132 se pronuncia a favor de una economía humana, justa, soberana, sustentable y de paz.

       4. Cambio al modelo de seguridad nacional y justicia.

      En el año 2006 Felipe Calderón Hinojosa arribó a la presidencia luego de un proceso electoral en el que quedó en duda su triunfo, abriendo así un periodo de polarización social sin precedentes en los últimos 30 años en México, cuyo ejemplo sustancial fue la movilización social en el estado de Oaxaca del movimiento magisterial. Producto de la debilidad e ilegitimidad del nuevo gobierno, éste emprendió una Guerra contra el crimen organizado que se transformó discursivamente en una Guerra contra el narcotráfico.

      Esta guerra, como señalan los análisis de autores como Ana Esther Ceceña, Carlos Fazio y Laura Carlsen, consultados por el Movimiento#YoSoy132, fue emprendida por el Gobierno Federal como parte de la estrategia de legitimación de un gobierno emanando de un proceso electoral cuestionado y la necesidad de aumentar los lazos de subordinación diplomática, política y militar del Estado mexicano con la política de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, esto mediante la firma de planes y tratados internacionales como la Alianza para la Prosperidad de América del Norte (ASPAN por sus siglas en inglés) y el Plan Mérida.

      Producto de estas alianzas, el Estado mexicano ha recibido más de 1,400 millones de dólares cada año bajo el rubro de ayuda (según datos del Colegio de México) al combate al narcotráfico por parte del Congreso de los Estados Unidos bajo el rubro del Plan Mérida, mediante el cual se ha emprendido ofensivamente una política de guerra en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. El ejemplo más claro de ello es la instalación de la Oficina del Sistema Interamericano contra el Crimen Organizado en México el pasado mes de mayo del 2012, que impulsará la “Guerra contra el narcotráfico” y la militarización de Centroamérica y el Caribe.

      Revistas de investigación como Proceso y Contralínea han dado cuenta del avance y profundización de la injerencia de los Estados Unidos en México: la presencia de autoridades y efectivos de la DEA, CIA y el FBI en acciones de inteligencia en territorio mexicano tuvo su ejemplo emblemático en el Operativo Rápido y Furioso en el año 2009, con lo que se permitió el tránsito de más de 2,000 armas y municiones en territorio nacional. A la par, el adiestramiento en “contrainsurgencia” de mandos militares mexicanos por el Comando Norte ha sido una muestra de la subordinación militar al Pentágono, junto con la activación de la IV Flota en 2008 bajo el cobijo del gobierno de Calderón, el cual permite el fortalecimiento de la presencia militar de los Estados Unidos, México y toda América Latina.

      En este mismo contexto, según José Luis Piñeyro de la revista Contralínea, Felipe Calderón destinó de 2007 a 2011, 320 mil millones de pesos del erario público en materia de seguridad el 2.5% del PIB, el triple de lo que destina a educación y aproximadamente el 17.4% de los recursos destilables a este rubro por año, lo que ubica a México en el onceavo país con más gasto en materia de seguridad en todo el mundo según estudios del World Military Expenses. Con estos recursos el gobierno Calderonista ha emprendido una campaña de militarización del país que, según la revista animal político, ha llevado a más de 45,000 militares y un número indeterminado de marinos, a los diferentes estados en los que la violencia del narcotráfico de ha manifestado.

      Esta estrategia de militarización del país en la guerra contra el narcotráfico, no ha demostrado ser efectiva, pues lejos de terminar con la violencia atribuida al crimen organizado, esta guerra ha acrecentado, multiplicado y complejizado los escenarios en los se da dicha violencia. La guerra, esta guerra que los ciudadanos no pedimos ha causado una verdadera catástrofe social: 80,000 muertos, 250,000 desplazados de manera forzada, 30,000 desaparecidos, 20,000 huérfanos y 5,000 niños asesinados.

      Estas cifras, que no sólo dan cuenta de la gravedad de la crisis social en la que la sociedad mexicana ha sido sumida, son también una muestra del desprecio que el gobierno de Calderón muestra hacia las víctimas de esta guerra.

      Somos víctimas, no somos "daños colaterales", no aceptamos esa condición porque ésta exonera de responsabilidades a quienes nos han obligado a vivir en este estado de excepción, a quienes han sido cómplices por cerrar los ojos y suprimirnos, por desconocernos, por matarnos, secuestrarnos, y desplazarnos una y otra vez con su política de muerte. (Mauro, Victima, San Fernando, Tamaulipas).

      Por lo anterior, reconocemos que tal como dice Conflict Barometer, el fenómeno de barbarie acontecido en México es el mayor conflicto militar en toda América Latina en el siglo XXI. Y nos sumamos a los balances y e informes de organizaciones como Amnistía Internacional, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la organización civil Human Right Watch que mencionan que esta guerra a construido verdaderos monumentos a la barbarie moderna como: la llamadas narcofosas donde fueron encontrados los cuerpos de 78 migrantes en el estado de Tamaulipas en el año 2010 y más de 150 cadáveres en Durango, los registros de cientos de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas o Policías Federales, el asesinato de jóvenes en masa como en Villas de Salvarcar en 2010, son algunas de las cicatrices que han hecho que la sociedad mexicana viva con miedo.

      Concluimos denunciando que desde enero del 2010, la criminalización de la luchadores sociales que se han opuesto a esta guerra nos ha dejado heridas profundas: el asesinato de Josefina Reyes Salazar, y los subsecuentes desapariciones y asesinatos de María Magdalena Reyes Salazar, Elías Reyes Salazar, Luisa Ornelas Soto, Julio César Reyes Reyes y Rubén Reyes Salazar; la persecución que continuó con la desaparición de Isela Hernández Lara, el asesinato de Susana Chávez, el asesinato de Marisela Hernández frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua, la muerte de su hija Rubí, el hostigamiento constante a Norma Andrade; los asesinatos de las periodistas de Contralínea Marcela Yarce y Rocío González; el asesinato de los comuneros de Ostula, Pedro Leyva y José Trinidad, el asesinato de Luis K. Fong, el asesinato del activista de la FfyL, Carlos Sinuhé Cuevas Mejía; los luchadores del MPJD Nepomuceno Moreno, Julia Marichal, Eva Alarcón y Marcial Baustista; los normalistas de Ayotzinapa Gabriel Echeverría, Jorge Alexis y Edgar David Espíritu; la periodista Regina Martínez de la revista Proceso; todas estas heridas aunadas a las decenas de periodistas asesinados durante el sexenio, los miles de jóvenes, mujeres, migrantes y niños cuyos cadáveres colman nuestra tierra.

      Estamos hasta la madre, hoy decimos basta, no más sangre.

       5. Transformación política y vinculación con los movimientos sociales

  Informamos que el gobierno de Felipe Calderón no impulsó una democratización del Estado, sino que por el contrario profundizó sus aspectos más autoritarios.

Las reformas electorales preservaron un sistema en el que la política es monopolizada por los partidos, cada vez más alejados de la sociedad y subordinados a los grupos de poder y a las grandes televisoras, bloqueando el acceso a una verdadera participación social.

       El corporativismo y el clientelismo siguen siendo las formas en las que el gobierno se relaciona con la sociedad. El gobierno prefirió aliarse con las cúpulas de los sindicatos corporativos y atacar a los trabajadores organizados de manera independiente y democrática. Además, la flexibilización laboral ha implicado un ataque a cualquier forma de organización en este sector.

Así mismo, los crímenes de odio hacia las mujeres se presentaron sistemáticamente en todo el territorio nacional, haciendo evidente la necesidad de una reforma a la ley que reconozca y penalice estos delitos. El Estado de México que presenta el mayor número de casos de feminicidios no reconocidos por el gobierno quien además se opone a la alerta de una perspectiva de género que reclama la sociedad civil.

      La gestión de Felipe Calderón mantuvo una posición autoritaria y violenta ante la movilización social organizada. La Reforma Penal Constitucional del 2008, así como la Ley contra la delincuencia Organizada se han convertido en una forma de control y criminalización de los movimientos sociales, vulnerando los derechos a la libertad de expresión, de manifestación, de asociación y sobre todo el derecho a la protesta social.

      La paramilitarización del país ha permitido al Estado imponer de manera violenta las políticas neoliberales de despojo, desplazamiento y sobrexplotación. El resultado de dichas políticas de Estado se reflejan en:

      1.- Presos políticos; aumento sistemático en las detenciones a los luchadores sociales.

      2. La desaparición Forzada, La Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, ha reportado 26 casos documentados de los cuales 15 siguen desaparecidos y 7 son ejecuciones extrajudiciales. En el último año de gestión hay más desapariciones forzadas que en el periodo que abarca del 2005 al 2010 siendo la mayor parte de los casos registrados en Michoacán.

      3. Ataque a defensores de Derechos Humanos. Con un registro de 256 casos de Violaciones de Derechos Humanos (VDH) documentadas en contra de personas defensoras, ocurridos de enero de 2011 a marzo de 2012, en todo el país, el 72% ha sido contra coordinadores, líderes o fundadores de las organizaciones. El Estado busca que la represión tenga un alcance a largo plazo, es decir, que logre un impacto transgeneracional, lo cual denota la lógica selectiva y de mayor intensidad con que opera.

      4. Ejecuciones extrajudiciales. Es uno de los fenómenos de represión a los movimientos sociales de mayor impacto y violencia dada su naturaleza de vulneración del derecho a la vida por parte de quienes deberían garantizar las condiciones mínimas de seguridad. Durante el último sexenio se ha documentado un aumento paulatino en las cifras de ejecuciones extrajudiciales, mientras que en 2008 se registraron 6 casos, en el periodo que va de enero a mayo del 2012 se han documentado 29 casos, la mayor parte en Guerrero y Oaxaca.

      En un contexto donde las políticas violatorias de los Derechos Humanos han afectado a los distintos sectores en resistencia, el pueblo de México debe saber de la arrogancia y la prepotencia con que el actual gobierno federal trata a los movimientos sociales. Ejemplo de ello son:

      El Sector Laboral. El 11 de octubre de 2009, el gobierno federal decidió atacar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). En sus casi 100 años de histórica lucha, los electricistas han visto afectados por todo el aparato estatal. Javier Lozano al mando de la Secretaría del Trabajo, negó la toma de nota al secretario general de este sindicato, además de intentar una y otra vez, generar división interna. Más tarde, el Ejército y la Policía Federal tomaron por asalto las instalaciones de la compañía de Luz y fuerza que continuaron tomadas y saqueadas aún meses después. Fue así como el “presidente del empleo”, resolvió echar a la calle a 44 mil trabajadores en activo y dejar en la incertidumbre a 22 mil jubilados. Calderón no ha dado ninguna prueba de sus acusaciones contra los trabajadores y las tarifas y el servicio eléctrico no han mejorado.

      Otro de los casos paradigmáticos, es el de los 76 mineros sepultados en la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila. El gobierno tampoco ha hecho justicia a sus familiares quienes exigen la entrega de los cuerpos de las víctimas; por el contrario, el grupo minero México sigue operando impunemente en nuestro país, manteniendo en las peores condiciones a los trabajadores.

      En el caso del asesinato de 49 niños en la guardería ABC, en Hermosillo Sonora; tampoco ha habido deslinde de responsabilidades, ya que ni Eduardo Bours, ex gobernador de Sonora, ni Juan Molinar Horcasitas, ex director general del IMSS, han pisado la cárcel. Aquí tampoco ha habido justicia.

Siguen sin cumplirse los Acuerdos de San Andrés y nuevamente se atenta contra la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas. Prueba de ello es la impunidad ante los asesinatos y desapariciones de los comuneros de Cherán quienes luchan por su autonomía, así como el hostigamiento a la policía comunitaria de Guerrero que ejerce sus formas de justicia y autogobierno, así como los ataques y hostigamiento a las comunidades indígenas zapatistas.

      6. Cambio al modelo de salud

      Nuestra lucha es a favor de la salud, la justicia, la libertad y la democracia. Ello, porque estamos seguros de que son el único camino para brindarle una vida digna a todos los habitantes de nuestro país. Con base en lo anterior, es nuestra responsabilidad denunciar lo que ha sucedido en el sexenio del presidente ilegítimo Calderón, lapso de tiempo en el cual consideramos que el mal gobierno ha demostrado un desprecio rotundo por la vida de nuestros conciudadanos.

      El actual gobierno ha incumplido el mandato constitucional de garantizar el derecho a la Salud, consagrado en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna y el correspondiente al artículo 123 que establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. La salud, entonces, no es un área que deba ser dejada a la deriva o la suerte, cuidarla, es el mandato supremo de nuestra sociedad y no admite ninguna excepción.

      Bajo la ideología neoliberal que ha demostrado ineptitud al ser una de las principales causas de la crisis del 2009, le brinda continuidad al proceso de privatización del sistema de salud mexicano, y es por ello que junto con Zedillo y Fox, Calderón permitió y fomentó el desmantelamiento y desfinanciamiento del IMSS e ISSSTE.

      También, se ha cimentado el camino de la privatización de la salud, con el fortalecimiento del llamado Seguro Popular, no siendo otra cosa que un paquete de servicios básicos, debido a que no cubre de forma real las demandas de salud de nuestra población porque debido a que no cuenta con la infraestructura suficiente para ello, abriendo la puerta a los prestadores privados. Ya establecido este paquete básico de servicios, el siguiente paso es la “universalización”, que busca reducir las prestaciones que hoy gozan los derechohabientes de la seguridad social, entendiéndose como una universalización de la precariedad.

      Así, señalar los principales problemas que aquejan a nuestra nación, nos servirá para mostrar el estado de cosas que impera bajo el gobierno de la derecha. Como puntos de importancia se hallan la obesidad y las enfermedades conjuntas tales como la diabetes, la hipertensión arterial sistémica y sus complicaciones, las muertes por violencia que tanto han dañado a nuestra población desde la “guerra contra el narco”. De igual manera la desnutrición y los problemas que le acompañan principalmente en los niños y las poblaciones indígenas.

      Otro punto es el de la mortalidad materna durante el embarazo que está lejos de alcanzar las metas del milenio que propone la ONU. Por otra parte, tenemos el caso de la subrogación y la concesión de servicios a particulares con efectos negativos como fue el caso de la guardería ABC, donde perecieron 49 niños y 101 resultaron lesionados sin que hasta la fecha haya responsables.

      La destrucción de nuestros entornos naturales acarrea serios problemas de salud que tienen que ver con la disposición y acceso al agua potable, la desnutrición, males respiratorios por la pésima calidad del aire y existe, también, un descuido en la seguridad alimentaria del país como lo demuestra la reciente importación de maíz de África, y de huevo de varias partes del mundo (con su crisis actual), el sometimiento a la industria alimenticia y la nula regulación en los medios masivos de comunicación en materia de alimentos chatarra.

      Señalamos que los médicos, residentes, pasantes e internos en este sexenio son ejemplos de las nuevas formas de organización del trabajo a quienes se les impone una amplia flexibilidad en los horarios, largas jornadas laborales, cargas intensas de trabajo, polivalencia y con responsabilidades que en la vía de los hechos deben asumir por la falta de médicos de base. Son la fuerza laboral en que se funda la atención médica en los 3 niveles de atención tanto en el campo como en la ciudad.

      De ésta manera, la imposición de Enrique Peña Nieto busca culminar la obra que iniciaron las administraciones panistas, beneficiando a la iniciativa privada a través de fondos públicos en detrimento del bienestar de la población en lugar de fortalecer las instituciones de salud que ya se tienen.

      Finalmente, nos manifestamos por un sistema de salud de acceso a toda la población sin limitación alguna, que contemple todas las enfermedades, que sea de calidad, efectivo, basado en la prevención y promoción de la salud. Un sistema sanitario que verdaderamente atienda las enfermedades crónico-degenerativas y no las convierta en motivo de lucro.

      Estos son los saldos de estos seis años:

Ha sido un sexenio lleno de hambre, exclusión, desinformación, desigualdad, enfermedad, despojo, represión y muerte. Felipe Calderón es responsable por estos seis años de decisiones tomadas a espaldas de la sociedad. Sabemos que este gobierno ha sido la continuación de un sistema corrupto, donde unos cuantos imponen sus intereses sobre las necesidades de los más y sabemos que con Enrique Peña Nieto este sistema simplemente tomará un nuevo rostro y otra vez nosotros, la sociedad pagaremos los costos impuestos por esta clase política. Pero también sabemos que hoy tenemos la posibilidad de organizarnos, de resistir contra estas políticas, de proponer un país diferente.

      Por eso convocamos a todos, a la sociedad en general a que participe de este diálogo y a unirnos en una lucha fraterna por la transformación de México.

      Construyamos el camino que florece en nuestras manos.

      Por una democracia auténtica

      #YoSoy132